La fuerte oposición de un poderoso bufete de abogados a la reforma de las regulaciones de los condominios y la lentitud con que avanza ésta en el Senado, son los dos principales obstáculos para que la Legislatura apruebe la medida surgida como respuesta a la crisis que vive este tipo de viviendas comunitarias en la Florida.

El proyecto de ley propone fortalecer los derechos de los dueños de unidades frente a las asociaciones, y crear una oficina estatal encargada de investigar las crecientes disputas dentro de las asociaciones de condominios.

Pero, pese a supuestamente contar con un fuerte apoyo popular, las reformas están aún lejos de convertirse en ley, en gran parte por las presiones de la firma de abogados Becker & Poliakoff, la cual tiene bufetes en diversas partes del estado, que considera innecesarios los cambios.

''Ahora entiendo por qué en 20 años no se ha podido hacer nada'', comentó el representante estatal Julio Robaina, quien auspicia la medida en la Cámara de Representantes.

En apoyo al proyecto, una coalición de asociaciones de propietarios y el sindicato SEIU han lanzado una campaña a favor de la aprobación de la medida, especialmente en el Senado, donde el miércoles superó su primer comité.

El senador Rudy García, quien heredó el proyecto en la cámara alta después de que no avanzara durante semanas, se mostró ayer optimista respecto a que pueda llegar a una votación final en las tres semanas de sesión que restan.

García, quien en principio veía difícil que pudiera entrar a tiempo en el pleno, señaló que su proyecto se combinó con otros dos textos legislativos para ayudar a avanzarlo.

Uno de los puntos más importantes de la reforma es la creación de una cláusula que impide que se le exija a los dueños aceptar cambios en las reglas del condominio, como la prohibición de animales, que no existían cuando adquirieron la propiedad.

Pero el considerado más polémico y decisivo es la creación del cargo de ombudsman, un investigador estatal encargado de resolver los conflictos y las denuncias de abusos de poder cometidos por las juntas de los condominios.

''Como está el texto, no cumple con las normas del debido proceso'', advirtió Gary Poliakoff, el mayor experto en derecho de condominios y cuya firma representa a cientos de asociaciones.

Poliakoff aseguró que el proyecto de ley daría poderes al investigador para entrar en domicilios, realizar inpecciones de sorpresa y obligar a la entrega de documentos.

''Eso es algo inaceptable'', agregó.

Robaina respondió que ese es un argumento viejo que ya se usó infructuosamente en contra de la creación hace años del inspector de fraude del Medicare y Medicaid.

A la vez, consideró esencial la figura de un investigador con poderes para resolver los conflictos que la división de condominios del Departamento Regulador de Profesiones y Empresas (DBPR) es incapaz de solucionar.

''La razón por la que los abogados se oponen es que no podrán ganar tanto'', dijo Robaina. ''Esta figura permitirá resolver los problemas dentro de las asociaciones, en lugar de tener que pagar a un abogado'', agregó.

The proposed changes offer a way to strengthen the rights of unit owners before their associations and creates a state office with the responsibility of investigating the increasing number of disputes within condominium associations.

But despite supposedly enjoying strong, popular support, these reforms are still far from becoming law, due largely in part to the pressures of the law firm of Becker & Poliakoff, which has offices in various parts of the state and who considers these changes unnecessary.

"Now I understand why in 20 years nothing has been able to get done", responded state representative Julio Robaina, who sponsors this legislation in the House of Representatives.

In support of this project, a coalition of homeowner groups and unions, such as SEIU, have initiated a campaign in favor of approval of the reforms, especially in the Senate, where on Wednesday it passed approval by the first committee.

State Senator Rudy Garcia, who inherited the project in the Senate after failing to advance during weeks, showed optimism that a final vote could be achieved during the final three weeks remaining of this session.

Garcia, who at first saw it difficult to introduce this on time, indicated that his project had been combined with two other legislative bills in order to help move it along.

One of the most important points of this reform is the creation of a clause which prohibits the acceptance by owners of changes in the rules and regulations of the condominium, such as the restriction of pets, if such rules did not exist when they purchased their property.

But the measure considered most controversial and decisive is the creation of an ombudsman, a state investigator, empowered to resolve disputes and complaints of abuse of power by board members of condominiums.

"The way this bill is written, it does not comply with the norms of due process", warned Gary Poliakoff, the utmost authority in condominium law and whose firm represents hundreds of associations.

Poliakoff assured that this legislative project would give the investigator the power to enter domiciles, perform surprise inspections and force the turn-over of documents.

"That is something unacceptable", he added.

Robaina responded that this was the same, old argument which was used unsuccessfully against the creation of a Medicare and Medicaid fraud inspector a few years ago.

At the same time, he considered essential the need to have an investigator with the powers to resolve the conflicts, which the division of condominiums of the Department of Business and Professional Regulation (DBPR) is incapable of resolving.

"The reason why attorneys are opposed, is that they won't be able to earn as much", said Robaina.

"This individual would be able to resolve the problems within the associations, instead of having to pay an attorney", he added.