Propietarios de Florida enfurecidos con cambio de última hora a propuesta de ley de condos en Tallahassee

(Google Translation Below)

Article Courtesy of The El Nuevo Herald

By Brenda Medina

Published April 26, 2017

 

En un cambio de última hora a la propuesta de reformas a la ley de condominio de Florida, los legisladores que lideran el proyecto eliminaron un castigo penal para los directivos de asociaciones que rehúsen entregar documentos a los que los dueños tienen derecho.

El cambio desató la ira de algunos propietarios y activistas que defienden a los dueños de condominios, quienes consideran que esa sanción debe ser la parte más importante de las reformas.

 

“Volvemos a lo mismo y lo considero una falta de respeto, después de que estábamos esperanzados de que por fin tendríamos la ley de nuestro lado para luchar contra el fraude y la corrupción”, dijo Maryin Vargas, propietaria de un apartamento en Miami y líder del grupo Reform Florida. “Ese castigo sería el primer paso”.

Al menos en el Senado el cambio no es definitivo, ya que la propuesta será discutida en un último comité legislativo, el de Regulaciones, el martes a las 2 de la tarde. La propuesta de la Cámara de Representantes fue aprobada con cambios similares la semana pasada y ahora irá a votación en el pleno.

El senador René García, quien lidera la propuesta en el Senado, dijo el lunes a Univision 23 que aún se podrían realizar cambios el martes. Además explicó que se agregó una cláusula para obligar a las asociaciones de 150 apartamentos o más, a crear páginas webs donde publiquen todos los registros administrativos y financieros.

Ambas propuestas aún buscan castigar con cargos delictivos graves a los directivos que adulteren, manipulen o eliminen récords de las asociaciones con el propósito de cometer fraudes. Además, las reformas todavía incluyen cargos delictivo para acciones relacionadas con el fraude electoral, como la falsificación de firmas en boletas de votación.

Sin embargo, dueños de apartamentos en Florida dijeron que se sienten defraudados con la eliminación de un cargo de delito menor para los directivos a los que se les compruebe que “deliberadamente y consistentemente”, rehúsan entregar documentos. En cadenas de correos electrónicos y publicaciones en blogs el lunes, algunos llamaron a protestar frente a las oficinas de los legisladores de sus respectivos distritos y en Tallahassee.

“Los intereses especiales son los únicos que tiene voz en Florida. Los abogados saben que sin los récords los propietarios no pueden pelear sus casos y descubrir si se está cometiendo un delito en sus condominios”, agregó Vargas, quien que ha pagado unos $15,000 en gastos de abogado para lograr que le entreguen documentos de su asociación.

Maryin Vargas, de 28 años, toma un video durante una protesta en un condominio en Kendall el 25 de marzo de 2017. Los propietarios de condominios dicen que un nuevo proyecto de ley introducido en la legislatura de la Florida para combatir la corrupción en las asociaciones de propietarios no es suficiente.

Translation: Maryin Vargas, 28, takes a video during a protest at a condominium in Kendall on March 25, 2017. Condo owners say a new bill introduced in the Florida legislature to fight corruption in associations is not enough.


 

Vargas lleva más de un año en esa batalla y su caso aún está pendiente en la corte civil. Además, dijo que no le ayuda en nada la cláusula que busca crear páginas webs para publicar la información, ya que vive en un edificio de 60 apartamentos.

 

“A los miembros de las juntas no les importa negar los documentos porque saben que la ley no los castiga”, opinó Vargas.

La falta de acceso a la información administrativa y financiera de las asociaciones es la principal queja entre los propietarios de condos del sur de Florida, reveló la serie investigativa Condos de Pesadilla, publicada por el Nuevo Herald y Univision 23 desde marzo del 2016. La serie reveló casos de fraude electoral, falsificación de firmas, conflictos de interés, presunta malversación de fondos y licitaciones fraudulentas.

Un año después, un reporte de un jurado de instrucción de la Fiscalía de Miami-Dade se hizo eco de las revelaciones de la serie periodística. Los miembros del jurado recomendaron cambios sustanciales al capitulo de ley 718, que regula los condos, y la agencia estatal que debería asegurar el cumplimiento de esa ley, el Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR).

La propuesta de tipificar ciertas acciones como delitos en las leyes de condos ha sido causa de polémica entre grupos de propietarios y abogados de asociaciones y cabilderos. Por un lado, propietarios y activistas piden leyes que den más poder a los dueños. Por otra parte, los abogados y cabilderos insisten en que no se deben crear nuevos delitos para penalizar acciones que deberían ser castigadas de manera civil —como con multas y reprimendas.

Cabilderos y abogados, incluyendo un representante del Colegio de Abogados de Florida, argumentaron que los cargos penales podrían tener consecuencias no intencionadas, como castigar a miembros de juntas por “cometer errores”. También dijeron que al añadir castigos penales se podría disuadir a propietarios que quieran servir como miembro voluntarios de las juntas.

Jan Bergemann, presidente de Cyber Citizens for Justice, un grupo de la Florida que defiende a los dueños de condos, dijo que eso es precisamente lo que las leyes deben evitar, la participación en las juntas de personas con intenciones de cometer fraudes.


Google Translation of the article:


Florida owners enraged with last minute change to proposed law in Tallahassee

In a last-minute change to the proposed Florida condo law reforms, lawmakers leading the project eliminated criminal penalties for association managers who refuse to hand over documents to which the owners are entitled.

The move sparked the ire of some condominium owners and activists who believe that sanctioning should be the most important part of the reforms.

"We return to the same and consider it a lack of respect, after we were hopeful that we would finally have the law on our side to fight against fraud and corruption," said Maryin Vargas, owner of a Miami apartment and leader Of the Reform Florida group. "That punishment would be the first step."

At least in the Senate the change is not definitive, since the proposal will be discussed in a last legislative committee, that of Regulations, on Tuesday at 2 pm. The House proposal was approved with similar changes last week and will now be voted on in plenary.

Sen. René Garcia, who heads the Senate bill, told Univision on Monday that changes could still be made on Tuesday. He also explained that a clause was added to force the associations of 150 apartments or more, to create web pages where they publish all administrative and financial records.

Both proposals still seek to punish serious felony counts of managers who commit adultery, manipulate or remove records of associations for the purpose of committing fraud. In addition, the reforms still include criminal charges for actions related to electoral fraud, such as falsification of signatures on ballot papers.

However, Florida apartment owners said they feel disappointed with the elimination of a misdemeanor charge for managers who are found to be "deliberately and consistently" refusing to provide documents. In e-mail chains and blog postings on Monday, some called in to protest in front of the legislators' offices in their respective districts and in Tallahassee.

"Special interests are the only ones that have a voice in Florida. Lawyers know that without the records, homeowners can not fight their cases and find out if a crime is being committed in their condominiums, "added Vargas, who has paid about $ 15,000 in attorney fees to get documents from his association.

Vargas has been in that battle for more than a year and his case is still pending in the civil court. In addition, said that it does not help in any way the clause that seeks to create web pages to publish the information, since it lives in a building of 60 apartments.

"The members of the boards do not mind denying the documents because they know that the law does not punish them," Vargas said.

Lack of access to administrative and financial information from associations is the main complaint among South Florida condos owners, revealed the Nightmare Condos investigative series published by the Nuevo Herald and Univision 23 since March 2016. The series Revealed cases of electoral fraud, falsification of signatures, conflicts of interest, alleged misappropriation of funds and fraudulent tenders.

A year later, a Miami-Dade Prosecutor's Office jury report echoed the revelations in the journalistic series. The jury members recommended substantial changes to chapter 718, which regulates condos, and the state agency that should ensure compliance with that law, the Business and Professional Regulation Department (DBPR).

The proposal to classify certain actions as crimes in the laws of condos has been cause of controversy between groups of owners and lawyers of associations and lobbyists. On the one hand, owners and activists are asking for laws that give owners more power. On the other hand, lawyers and lobbyists insist that new offenses should not be created to penalize actions that should be punished civilly - as with fines and reprimands.

Lobbyists and lawyers, including a representative from the Florida Bar, argued that criminal charges could have unintended consequences, such as punishing board members for "making mistakes." They also said that adding penal punishments could deter homeowners who want to serve as volunteer members of the boards.

Jan Bergemann, president of Cyber ??Citizens for Justice, a Florida group that defends condos owners, said that's precisely what laws should avoid, participation in boards of people with intent to commit fraud.


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