Article
Courtesy of The El Nuevo Herald
By
Brenda Medina
Published April 26, 2017
En un cambio de última hora a la propuesta de reformas a
la ley de condominio de Florida, los legisladores que lideran el proyecto
eliminaron un castigo penal para los directivos de asociaciones que rehúsen
entregar documentos a los que los dueños tienen derecho.
El cambio desató la ira de algunos propietarios y activistas que defienden a
los dueños de condominios, quienes consideran que esa sanción debe ser la
parte más importante de las reformas.
“Volvemos a lo mismo y
lo considero una falta de respeto, después de que estábamos
esperanzados de que por fin tendríamos la ley de nuestro
lado para luchar contra el fraude y la corrupción”, dijo
Maryin Vargas, propietaria de un apartamento en Miami y
líder del grupo Reform Florida. “Ese castigo sería el primer
paso”.
Al menos en el Senado el cambio no es definitivo, ya que la
propuesta será discutida en un último comité legislativo, el
de Regulaciones, el martes a las 2 de la tarde. La propuesta
de la Cámara de Representantes fue aprobada con cambios
similares la semana pasada y ahora irá a votación en el
pleno.
El senador René García, quien lidera la propuesta en el
Senado, dijo el lunes a Univision 23 que aún se podrían
realizar cambios el martes. Además explicó que se agregó una
cláusula para obligar a las asociaciones de 150 apartamentos
o más, a crear páginas webs donde publiquen todos los
registros administrativos y financieros.
Ambas propuestas aún buscan castigar con cargos delictivos
graves a los directivos que adulteren, manipulen o eliminen
récords de las asociaciones con el propósito de cometer
fraudes. Además, las reformas todavía incluyen cargos
delictivo para acciones relacionadas con el fraude
electoral, como la falsificación de firmas en boletas de
votación.
Sin embargo, dueños de apartamentos en Florida dijeron que
se sienten defraudados con la eliminación de un cargo de
delito menor para los directivos a los que se les compruebe
que “deliberadamente y consistentemente”, rehúsan entregar
documentos. En cadenas de correos electrónicos y
publicaciones en blogs el lunes, algunos llamaron a
protestar frente a las oficinas de los legisladores de sus
respectivos distritos y en Tallahassee.
“Los intereses especiales son los únicos que tiene voz en
Florida. Los abogados saben que sin los récords los
propietarios no pueden pelear sus casos y descubrir si se
está cometiendo un delito en sus condominios”, agregó
Vargas, quien que ha pagado unos $15,000 en gastos de
abogado para lograr que le entreguen documentos de su
asociación. |
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Maryin Vargas, de 28 años, toma un video durante una protesta en un
condominio en Kendall el 25 de marzo de 2017. Los propietarios de
condominios dicen que un nuevo proyecto de ley introducido en la
legislatura de la Florida para combatir la corrupción en las
asociaciones de propietarios no es suficiente.
Translation: Maryin Vargas, 28, takes a video
during a protest at a condominium in Kendall on March 25, 2017.
Condo owners say a new bill introduced in the Florida legislature to
fight corruption in associations is not enough.
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Vargas lleva más de un año en esa batalla y su caso aún
está pendiente en la corte civil. Además, dijo que no le ayuda en nada la
cláusula que busca crear páginas webs para publicar la información, ya que
vive en un edificio de 60 apartamentos.
“A los miembros de las juntas no les importa negar los
documentos porque saben que la ley no los castiga”, opinó Vargas.
La falta de acceso a la información administrativa y financiera de las
asociaciones es la principal queja entre los propietarios de condos del sur
de Florida, reveló la serie investigativa Condos de Pesadilla, publicada por
el Nuevo Herald y Univision 23 desde marzo del 2016. La serie reveló casos
de fraude electoral, falsificación de firmas, conflictos de interés,
presunta malversación de fondos y licitaciones fraudulentas.
Un año después, un reporte de un jurado de instrucción de la Fiscalía de
Miami-Dade se hizo eco de las revelaciones de la serie periodística. Los
miembros del jurado recomendaron cambios sustanciales al capitulo de ley
718, que regula los condos, y la agencia estatal que debería asegurar el
cumplimiento de esa ley, el Departamento de Regulaciones de Negocios y
Profesionales (DBPR).
La propuesta de tipificar ciertas acciones como delitos en las leyes de
condos ha sido causa de polémica entre grupos de propietarios y abogados de
asociaciones y cabilderos. Por un lado, propietarios y activistas piden
leyes que den más poder a los dueños. Por otra parte, los abogados y
cabilderos insisten en que no se deben crear nuevos delitos para penalizar
acciones que deberían ser castigadas de manera civil —como con multas y
reprimendas.
Cabilderos y abogados, incluyendo un representante del Colegio de Abogados
de Florida, argumentaron que los cargos penales podrían tener consecuencias
no intencionadas, como castigar a miembros de juntas por “cometer errores”.
También dijeron que al añadir castigos penales se podría disuadir a
propietarios que quieran servir como miembro voluntarios de las juntas.
Jan Bergemann, presidente de Cyber Citizens for Justice, un grupo de la
Florida que defiende a los dueños de condos, dijo que eso es precisamente lo
que las leyes deben evitar, la participación en las juntas de personas con
intenciones de cometer fraudes.
Google Translation of the
article:
Florida owners enraged with last minute change to proposed law in
Tallahassee
In a last-minute change to the proposed Florida condo law reforms, lawmakers
leading the project eliminated criminal penalties for association managers
who refuse to hand over documents to which the owners are entitled.
The move sparked the ire of some condominium owners and activists who
believe that sanctioning should be the most important part of the reforms.
"We return to the same and consider it a lack of respect, after we were
hopeful that we would finally have the law on our side to fight against
fraud and corruption," said Maryin Vargas, owner of a Miami apartment and
leader Of the Reform Florida group. "That punishment would be the first
step."
At least in the Senate the change is not definitive, since the proposal will
be discussed in a last legislative committee, that of Regulations, on
Tuesday at 2 pm. The House proposal was approved with similar changes last
week and will now be voted on in plenary.
Sen. René Garcia, who heads the Senate bill, told Univision on Monday that
changes could still be made on Tuesday. He also explained that a clause was
added to force the associations of 150 apartments or more, to create web
pages where they publish all administrative and financial records.
Both proposals still seek to punish serious felony counts of managers who
commit adultery, manipulate or remove records of associations for the
purpose of committing fraud. In addition, the reforms still include criminal
charges for actions related to electoral fraud, such as falsification of
signatures on ballot papers.
However, Florida apartment owners said they feel disappointed with the
elimination of a misdemeanor charge for managers who are found to be
"deliberately and consistently" refusing to provide documents. In e-mail
chains and blog postings on Monday, some called in to protest in front of
the legislators' offices in their respective districts and in Tallahassee.
"Special interests are the only ones that have a voice in Florida. Lawyers
know that without the records, homeowners can not fight their cases and find
out if a crime is being committed in their condominiums, "added Vargas, who
has paid about $ 15,000 in attorney fees to get documents from his
association.
Vargas has been in that battle for more than a year and his case is still
pending in the civil court. In addition, said that it does not help in any
way the clause that seeks to create web pages to publish the information,
since it lives in a building of 60 apartments.
"The members of the boards do not mind denying the documents because they
know that the law does not punish them," Vargas said.
Lack of access to administrative and financial information from associations
is the main complaint among South Florida condos owners, revealed the
Nightmare Condos investigative series published by the Nuevo Herald and
Univision 23 since March 2016. The series Revealed cases of electoral fraud,
falsification of signatures, conflicts of interest, alleged misappropriation
of funds and fraudulent tenders.
A year later, a Miami-Dade Prosecutor's Office jury report echoed the
revelations in the journalistic series. The jury members recommended
substantial changes to chapter 718, which regulates condos, and the state
agency that should ensure compliance with that law, the Business and
Professional Regulation Department (DBPR).
The proposal to classify certain actions as crimes in the laws of condos has
been cause of controversy between groups of owners and lawyers of
associations and lobbyists. On the one hand, owners and activists are asking
for laws that give owners more power. On the other hand, lawyers and
lobbyists insist that new offenses should not be created to penalize actions
that should be punished civilly - as with fines and reprimands.
Lobbyists and lawyers, including a representative from the Florida Bar,
argued that criminal charges could have unintended consequences, such as
punishing board members for "making mistakes." They also said that adding
penal punishments could deter homeowners who want to serve as volunteer
members of the boards.
Jan Bergemann, president of Cyber ??Citizens for Justice, a Florida group
that defends condos owners, said that's precisely what laws should avoid,
participation in boards of people with intent to commit fraud.
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